La presión pública generada por el escándalo mediático se volvió tan inmensa, tan ensordecedora, que se hizo imposible de ignorar para las instituciones gubernamentales. Los teléfonos en el Congreso y en la Casa de Nariño no paraban de sonar. La oposición política vio una oportunidad de oro para atacar al gobierno, acusándolo de ser blando con la corrupción de la élite. Los ciudadanos, indignados, exigían acción a través de las redes sociales y en las líneas abiertas de los programas de radio. La Fiscalía General de la Nación, que al principio había mantenido un silencio cauto, se encontró en el centro de un huracán.
El Fiscal General, un hombre político y muy consciente de la opinión pública, sabía que no podía permitirse parecer débil o cómplice. El artículo de Carla Rincón no eran simples acusaciones; era un caso prácticamente armado, con documentos y un testigo dispuesto a hablar. Ignorarlo sería un suicidio político y una negligencia de sus deberes.
Tres días después de la publicación del artículo, en una rueda de prensa que fue transmitida en vivo por todas las cadenas nacionales, el Fiscal General de la Nación hizo el anuncio que sellaría el destino de la familia Vega. De pie en un podio, rodeado de banderas de Colombia, su rostro era una máscara de una seriedad sombría.
—A la luz de las graves acusaciones de corrupción, soborno y lavado de activos publicadas recientemente en los medios de comunicación, y basadas en la evidencia presentada en dichos informes —comenzó, su voz resonando en la sala de prensa abarrotada—, he tomado la decisión de abrir una investigación oficial a gran escala contra la empresa Grupo Vega, su presidente, el señor Alejandro Vega, y los miembros de su junta directiva, incluido el señor Ricardo Vega.
La declaración fue una bomba. No era una simple investigación preliminar. Era una investigación oficial a gran escala, lo que significaba que se asignarían los mejores fiscales, que se emitirían citaciones y que el poder del estado se movilizaría por completo.
—Se ha asignado un equipo especial de fiscales de la unidad anticorrupción para liderar esta investigación —continuó el Fiscal General—. Se investigarán todas las licitaciones gubernamentales adjudicadas a Grupo Vega en los últimos diez años, así como las transacciones financieras internacionales de sus directivos. No escatimaremos recursos para llegar al fondo de este asunto.
Luego, hizo un llamado que fue directamente para Daniela.
—Hacemos un llamado a cualquier persona que tenga información relevante sobre este caso para que se acerque a la Fiscalía. Garantizaremos la total protección y confidencialidad a los testigos que decidan colaborar con la justicia.
La intervención del gobierno transformó el escándalo de una crisis de relaciones públicas a una crisis legal de primer orden. Ya no se trataba de salvar la reputación; se trataba de evitar la cárcel.

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